áreas protegidas
Actualidad Animal

¿Qué tan protegidas son nuestras áreas protegidas?

En las próximas semanas debería votarse el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que reemplazará a la CONAF en el cuidado de las Áreas Protegidas, como: Parques Nacionales, Reservas, Monumentos Naturales, entre otros.

Por Pablo Amat Trujillo

Ante noticias alarmantes como que CONAF taló ilegalmente 51 araucarias en Parque Nahuelbuta; o que mediante Decreto Supremo se redujeron 5.000 hectáreas de extensión del Parque Nacional Patagonia (Tompkins) para entablar un proyecto minero allí; o el uso de maquinaria pesada en Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, para buscar un supuesto tesoro que nunca se encontró; y ante el hecho que en la práctica se han autorizado en ellas numerosos proyectos Hidroeléctricos, Mineros o Salmoneras con gran impacto ambiental; nos lleva a preguntarnos: ¿Qué tan protegidas están nuestras áreas protegidas? ¿Es compatible su objetivo de preservación de la naturaleza con el realizar actividades económicas en ellas? ¿Soluciona en algo el proyecto de Ley próximo a discutirse en el Congreso? y ¿Cómo puede ayudar la Nueva Constitución a hacer efectiva la preservación ambiental?

Las primeras “normas ambientales” que se dictaron en nuestro país se refirieron precisamente a áreas protegidas y tala indiscriminada de bosques. A principios del Siglo XX, nos empezamos a dar cuenta de nuestra capacidad destructiva, y que la concepción clásica de la propiedad que adoptó nuestro Código Civil – donde el dueño de una cosa tiene amplias facultades incluso para destruirla a su arbitrio – no se adecuaba al medioambiente, el cual requiere un cuidado y regulación especial. De esta manera, comenzamos a reconocer que habían lugares que por su importancia, valor patrimonial, biodiversidad, belleza paisajística, queríamos proteger y mantener intactos a la actividad del hombre. Desde entonces, se ha entendido que mientras que la preservación ambiental excluye toda explotación de los recursos naturales, la conservación del patrimonio ambiental admite un uso y aprovechamiento racional y sustentable de los mismos.

Bajo esta concepción de preservación, se dicta la Convención de Washington de 1940, Tratado Internacional al cual Chile adhiere en 1967, la cual prohíbe expresamente la explotación de las riquezas existentes en áreas protegidas para fines comerciales. Asimismo, expresa que sus
límites no serán alterados, ni enajenada parte alguna de ellos sino por Ley.

La Constitución de 1980, establece por primera vez una norma ambiental en su texto, que contempla un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y un deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Sin embargo, sólo se puede interponer el recurso de protección para hacer efectivo este derecho y no para exigirle al Estado que cumpla su deber de preservar la naturaleza. Asimismo, tampoco señala qué se entiende por preservación. La Ley 18.362 de 1984, sería la encargada de definir preservación, como “la mantención de la condición original de los recursos naturales de un área silvestre, reduciendo la intervención humana a un nivel mínimo”. Sin embargo, esa Ley nunca entró en vigencia, ya que para ello requería que primero se dictara la ley que crearía la CONAF, lo cual nunca ocurrió tampoco, y hasta hoy la CONAF es una corporación de derecho privado.

Finalmente, luego de más de 10 años discutiéndose en el Congreso, en los próximos días debería
votarse el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sin
embargo, dicho proyecto no se adecúa a la Convención de Washington. Define preservación de
forma vaga, como la “mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo
de las especies y ecosistemas”, y más bien lo que pretende es regular la forma en que se pueden
desarrollar actividades económicas dentro de áreas protegidas.

El principal problema de este proyecto de Ley, es que si bien en el papel señala que no se permitiría explotar recursos con fines comerciales, dando apariencia de conformidad con la Convención de Washington, luego expresa que los proyectos o actividades en su interior se regirán por las leyes respectivas que las regulan. Y si bien deroga una serie de normas, no deroga el artículo 17 N°2 del Código de Minería, que considera suficiente el permiso del Intendente respectivo “para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos nacionales”. Tampoco modifica el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que no prohíbe instalar salmoneras en Reservas Nacionales.

Por un lado, si bien se consagran prohibiciones estrictas a realizar en áreas protegidas, tales como: extraer tierra de hoja, extraer ejemplares de plantas, recolectar frutos, provocar contaminación acústica o lumínica, entre otras; en la práctica permite realizar proyectos con efectos mucho más dañinos e irreparables, a los cuales no no les afectan las prohibiciones antes mencionadas, cuando hayan sido aprobados mediante Estudios de Impacto Ambiental. A su vez, el proyecto deja mucha responsabilidad en la elaboración de Planes de Manejo, los cuales van a definir los objetivos de protección y las actividades compatibles e incompatibles en el lugar; cuando sabemos que hay muchas áreas protegidas que no cuentan aún con ellos, y presenta el riesgo que se utilicen para burlar objetivos consagrados en normas de mayor jerarquía.

Recientemente Corte Suprema, sentencia Rol 139.872-2020, ordenó a CONAF eliminar su Plan de Manejo de talas de bosque nativo para recuperar suelos de producción agrícola, mediante el cual autorizaron reemplazo de bosque esclerófilo por monocultivo de paltas. Además, el Proyecto de Ley SBAP permite concesionar proyectos de infraestructura permanente, lo cual daría pie a que se realicen megaproyectos Hoteleros en Parques Nacionales, que ya han sido anunciados, no obstante a no estar siquiera publicada aún la ley que los regula.

Las actividades que más dividendos económicos dan a Chile, como minería, acuicultura, industria forestal o hidroeléctricas, están reguladas en leyes especiales que permiten instalarse en áreas protegidas, ¿tiene sentido que se puedan realizar en áreas protegidas las actividades que más dañan el ecosistema? Si bien el proyecto de Ley establece una acción pública de denuncia, las actividades que más impactan el medio ambiente, escapan su campo de acción y seguirán siendo fiscalizadas por la SuperIntendencia del Medio Ambiente y no por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La Nueva Constitución puede ayudar a hacer frente a esta situación: 1) Primero que todo, debe establecer que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos tienen Jerarquía Constitucional. 2) Asimismo, establecer como materia de Ley, el modificar los límites de un área protegida (y no por Decreto Supremo). 3) Luego, es necesario establecer expresamente que no se permitirá la explotación de los recursos naturales existentes en áreas protegidas. 4) A su vez, consagrar a la Naturaleza como sujeto de derechos y establecer una acción popular que permita que cualquier persona pueda interponerla, pudiendo también exigir que el Estado cumpla su deber de tutelar la preservación de la naturaleza. 5) Ello junto con consagrar principios ambientales de vital importancia como el Principio Precautorio, de No Regresión, Buen Vivir, entre otros. 6) Y establecer una Defensoría del Pueblo (ombudsman), que incorpore una Defensoría de la Naturaleza, procupada de velar porque se preserve la naturaleza.

Por otro lado, debe procurarse porque concesiones ya otorgadas, o autorizaciones a proyectos y actividades en áreas protegidas, no sean renovadas ni prorrogadas, velando por que paulatinamente vayan dejando de operar. Asimismo, debe limitarse los casos en que operen medidas de compensación en áreas protegidas.

Pero aún con todo esto, cabe señalar que las áreas protegidas son necesarias pero no son suficientes en el escenario de crisis climática que enfrentamos, donde muchos expertos han advertido que debemos darle la misma prioridad que una pandemia. Tal como hemos visto que no es efectivo poner un lugar en cuarentena, si el sector vecino tiene abierto malls, casinos, etc.

No es suficiente tampoco cercar ciertos lugares u oasis ambientales, si no cambiamos en nuestra Constitución nuestra relación con la naturaleza y cómo entendemos el territorio, el cual es mucho más que límites geográficos. Sino que es un sistema complejo, donde se relacionan distintas formas de vida (bióticas y abióticas como el agua y glaciares), incluida la nuestra, y si se afecta a una repercute en la otra. Nuestra vida, salud, cultura y resto de derechos humanos, dependen en gran parte de la estabilidad del territorio y conservación del medio ambiente. No es posible separar islas de áreas protegidas de las áreas que la rodean, ni vivir en un mundo fragmentado, porque la naturaleza no funciona así, no ve los cercos o límites que nosotros hemos creado.

De esta manera, debemos aprovechar esta tremenda oportunidad de escribir una Nueva Constitución, un nuevo contrato social, en donde realmente empecemos a tomar medidas más efectivas para hacer frente a la crisis climática, y no terminemos con “áreas protegidas de papel”.

Pablo Amat Trujillo
Abogado
Candidato a Constituyente Distrito 11