La sociedad reacciona indignada ante estos hechos y exige justicia. Esta reacción es, en principio, positiva, ya que refleja una creciente conciencia sobre la gravedad del maltrato animal como que los animales sienten. Esta forma de violencia, al igual que otras manifestaciones de violencia, sea intrafamiliar, contra la mujer, hacia adultos mayores, debe ser erradicada si aspiramos a construir una sociedad mejor.
Aunque esta conciencia ha llevado a muchas autoridades a pronunciarse en contra del maltrato animal y a presentar proyectos de ley para endurecer las penas o crear nuevos delitos (alrededor de 10 en lo que va del año), las cifras muestran una realidad preocupante: de los 3.032 casos de maltrato animal denunciados en 2023, solo el 1% ha culminado en condenas.
La situación es clara: mientras la sociedad avanza en la importancia de castigar estos crímenes, nuestras instituciones no han estado a la altura del desafío.
Quienes defendemos desde el ámbito jurídico a los animales, observamos de primera mano las fallas de nuestro sistema de justicia en estos casos, desde la recepción de las denuncias, las investigaciones penales como las resoluciones de los tribunales. El problema de fondo es que el maltrato animal no se considera una prioridad, lo que conlleva a la pérdida de oportunidades en las investigaciones o la adopción de salidas alternativas que no hacen justicia, no van dirigidas a la reparación del daño cometido como tampoco buscan reeducar al imputado.
A continuación, presento algunos puntos que considero cruciales para mejorar la situación:
1. Reforma al delito de maltrato animal: La actual regulación del maltrato animal está desfasada y necesita ser revisada. Las penas son tan bajas que incluso los casos más graves pueden terminar sin cárcel y con salidas alternativas. Además, la ley no contempla de manera específica delitos como la zoofilia o el maltrato por negligencia (por ejemplo, errores médicos o atropellos). Necesitamos una legislación que defina claramente delitos específicos como causar lesiones, muerte, abusos sexuales, abandono o maltrato por negligencia, con penas proporcionales a la gravedad de cada caso.
2. Reforma a la inhabilidad para tenencia de animales y creación de un Registro Nacional de Personas Condenadas por Maltrato Animal: La reforma debe incluir mecanismos para hacer cumplir las penas, especialmente la inhabilidad para la tenencia de animales. Actualmente, no existe un sistema eficaz para controlar que las personas condenadas no puedan tener animales nuevamente, ya que no hay un cruce de información entre el Registro Nacional de Mascotas (RNM) y los condenados por maltrato. El proyecto de ley del Boletín 16309-07, presentado por la diputada Carolina Marzán, busca crear un Registro Nacional de Personas Condenadas por Maltrato Animal, y es crucial que avance en el Congreso.
3. Capacitación de los operadores del sistema de justicia y establecimiento de protocolos para abordar estos casos: Muchas veces las policías, fiscalías y jueces no aplican correctamente el delito de maltrato animal. Hay casos en que Carabineros confunden maltrato con infracciones a la ley de tenencia responsable, y derivan erróneamente las denuncias a municipalidades. Las fiscalías a veces confunden el delito de maltrato con el delito de "daño", que tiene una penalidad menor. Además, los jueces a menudo desconocen las facultades de la ley 20.380, que permite retirar a los animales maltratados y ordenar tratamientos veterinarios a costa del imputado. Es esencial capacitar a los operadores de justicia y establecer protocolos claros para guiar la acción en estos casos, siendo indispensable que la Fiscalía Nacional imparta un instructivo general para casos de maltrato animal, a fin de que los fiscales de todo el país actúen de forma uniforme frente a estos hechos y no tengamos resultados tan dispares de región en región.
4. Creación de una institución gubernamental para la protección animal: La lucha contra el maltrato no debe limitarse sólo al ámbito penal. Necesitamos una institución que promueva los derechos y la protección de los animales en todas las áreas. Una iniciativa como la Dirección General de Derechos de los Animales en España, que, aunque con resultados modestos, es un ejemplo clave de un organismo público dedicado a impulsar la protección animal.
5. Educación a la ciudadanía: La educación es fundamental para lograr cambios sociales y culturales duraderos. Es necesario educar a la ciudadanía no solo en la protección animal y la tenencia responsable, sino también en cómo denunciar eficazmente el maltrato animal y qué esperar del sistema de justicia. Además, estos procesos educativos deben fomentar la adopción responsable, considerando que el abandono animal tiene graves consecuencias tanto para los animales como para la sociedad.
Es fundamental que el maltrato y la violencia contra los animales deje de ser visto como un tema menor en nuestra sociedad. La indignación social debe ir de la mano con una acción concreta y efectiva por parte del Estado o sino terminará ganando la auto tutela. Desde reformas legales hasta la creación de un organismo de protección animal, debemos avanzar hacia un sistema que asegure justicia para todos los seres vivos. Solo entonces estaremos más cerca de una sociedad que respete y proteja a los animales de la violencia.