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Reformas al delito de maltrato animal: Más allá del endurecimiento de las penas

Si bien desde el mundo animalista podemos ver con optimismo este tipo de proyectos, pues buscan poner en la agenda pública la importancia de los animales no humanos y el respeto de sus derechos, en el caso de la persecución penal deberíamos detenernos a pensar bien en qué está fallando.

Por José Ignacio Binfa Álvarez. Abogado, Licenciado en Derecho Universidad Mayor. Director y fundador de Fundación Abogados por los Animales.

El martes 10 de noviembre de este año, se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley boletín N° 13884-07, el cual busca endurecer las penas del delito de maltrato animal contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal. Para estos efectos, la pena propuesta por los legisladores es de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, multa de 10 a 100 UTMs y pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales, además de prohibir la aplicación de penas sustitutivas de la ley N° 18.216 a los condenados por este delito.

Las implicancias de este cambio son enormes. Aumentar las penas a este grado, supone la imposibilidad -en abstracto- de concluir estos casos con salidas alternativas. La suspensión condicional del procedimiento, mecanismo que por excelencia es ofrecido a imputados sin antecedentes penales en investigaciones por este y otros delitos, tiene como límite que la pena a imponer en el caso concreto no sea superior a 3 años, cuestión que cambiaría al establecerse como nuevo mínimo el presidio menor en grado máximo, el cual parte en 3 años y 1 día. Por otro lado, al impedirse la aplicación de penas sustitutivas en este delito, el cambio es aún más drástico: en la actualidad las penas por maltrato animal, aún en su figura más grave (muerte o lesiones que menoscaben gravemente la integridad), permiten que el condenado obtenga un cumplimiento alternativo a la cárcel, siempre y cuando cumpla con el resto de las condiciones para dicha sustitución; este proyecto de ley impediría de plano esta posibilidad y cualquier condenado por maltrato animal terminaría tras las rejas.

Si bien desde el mundo animalista podemos ver con optimismo este tipo de proyectos, pues buscan poner en la agenda pública la importancia de los animales no humanos y el respeto de sus derechos, en el caso de la persecución penal deberíamos detenernos a pensar bien en qué está fallando. En mi opinión, la sensación de impunidad de estos casos es multifactorial y es así como deberíamos estudiar y buscar alternativas para remediar esta situación.

De acuerdo a cifras obtenidas por transparencia pasiva, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 Ministerio Público cerró 10.128 procedimientos por maltrato animal: de ese universo, solo 2.321 casos tuvieron una salida judicial, es decir, llegaron a conocimientos de tribunales de justicia, y en solo casos 148 hubo condena, mientras que en otros 213 hubo suspensión condicional; volviendo al número total de casos terminados, la forma de término más aplicada es el archivo provisional con 6.753 casos y luego le sigue la facultad de no inicio con 1.242 casos. Estas estadísticas son relevantes para entender que la mayoría de los casos de maltrato ni siquiera tienen posibilidad de llegar a juicio, lo cual puede incidir en el estado de impunidad mencionado.

De este modo, en un contexto en que solo el 23% de casos de maltrato animal llega a conocimiento de tribunales y un porcentaje aún inferior obtiene un término favorable (condena o suspensión condicional), el foco debería estar en otro lado. Quienes litigamos y asesoramos este tipo de casos, nos enfrentamos a instituciones del sistema penal que poca importancia le dan a este tipo de casos: policías que buscan que el denunciante desista porque “no conseguirán nada”, fiscalías que archivan casos sin contactar a denunciantes y tribunales que desconocen esta y otras normas de protección animal.

Siendo este el escenario, de nada nos servirá aumentar las penas si la cultura institucional de este país seguirá relegando los intereses de los animales no humanos al último lugar, pues las denuncias por casos de maltrato seguirán siendo archivadas, como actualmente ocurre.